Autor: manuel

Los poderes públicos son el eje central del orden constitucional de casi cualquier país.

En general, existe un Poder Ejecutivo, cuyo líder suele ser escogido en elección directa o de manera indirecta a través de un parlamento. Además, existe un Poder Legislativo que en las democracias es electo por los ciudadanos, aunque existen variaciones en el número de las cámaras y en la forma de elección de sus integrantes. Adicionalmente, existe un poder judicial, cuyos miembros no suelen ser electos directamente y que dependen del consenso de las clases políticas.

Junto a esos tres poderes públicos tradicionales, existen otras instituciones que suelen ser independientes, como el Defensor del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía, los organismos electorales, entre otros. Ahora bien, es justo preguntarse: ¿cuántos ciudadanos conocen realmente cómo está compuesto este sistema?

Para exigir, hay que conocer

Estar descontento con los políticos o la situación política del país es algo muy normal en todo tipo de democracias, especialmente en ambientes crispados. Pero el reclamo o la exigencia no pueden ser al aire. Para exigir, hay que saber qué está mal. Si un gobernante del poder ejecutivo está ejerciendo mal sus funciones o está haciendo algo ilegal, hay que saber qué incumple. Incluso, hay que saber hacia quién dirigir las demandas.

Si se trata de una molestia por un fallo judicial, es al propio poder judicial al que hay que acudir. Si en cambio existe malestar por una ley, entonces es responsabilidad del Congreso. Al desconocer cómo funcionan los poderes públicos, se desconoce a su vez a quién hacer las debidas exigencias para que el sistema funcione.

Para mantenerlos y cuidarlos, hay que conocerlos primero

Por otra parte, las democracias comienzan a deteriorarse cuando la separación de poderes es alterada, generalmente por los gobernantes que provienen del poder ejecutivo y tienen intención de perpetuarse en el poder. Entonces, ¿cómo detectar la deriva autoritaria de un posible gobernante si no se conoce con precisión qué es la separación de poderes y cuál es la función constitucional de cada poder público?

Desde los colegios e institutos, es necesario dar a conocer a los estudiantes cuáles son los poderes públicos que componen el ordenamiento del país, para así tener ciudadanos informados que sepan a quién hacer sus exigencias.

En el mundo occidental, la mayor aspiración de los sistemas políticos es tener una democracia funcional. A lo largo de los últimos milenios, la democracia que tuvo su origen en la Antigua Grecia ha ido evolucionando, adaptándose a cada país y consiguiendo valores conjuntos que se han mantenido de manera transversal, como la igualdad ante la ley de cada uno de sus ciudadanos, el ejercicio de la soberanía a través del sufragio y el respeto a los derechos humanos.

Nada de eso es posible sin que haya una institucionalidad clara, amparada en un sistema con poderes públicos independientes, equilibrados, separados y funcionales. Entonces, ¿por qué los poderes públicos son el pilar central de la institucionalidad en una sociedad?

Separación de poderes

Ya son poco comunes, en el mundo, los regímenes que se vuelven dictatoriales o que llegan al poder a raíz de un tradicional golpe de estado con militares deponiendo al presidente de turno. Los autoritarismos surgen con una mayor frecuencia a raíz de elecciones, con líderes populistas que se alzan con el poder y justamente su objetivo principal es anular la separación de poderes para así tener una institucionalidad completa a su favor.

El poder ejecutivo es un poder político partidista y no independiente, así como el legislativo, dentro de su pluralidad. Aunque el poder judicial suele ser nombrado por el legislativo, se requieren grandes consensos para eso, por lo que suele haber acuerdo en que los jueces nombrados deben ser lo suficientemente independientes como para tener el consenso de al menos 2/3 del parlamento. Pero esto se puede subvertir.

Existen muchos casos en países latinoamericanos, europeos y asiáticos donde los políticos desde el poder ejecutivo cooptaron el judicial, logrando la designación de jueces totalmente abyectos a su poder. Eso los hace controlar incluso la interpretación de la constitución y las leyes.

Sin contrapesos no hay democracia

El poder de un jefe de Estado o de Gobierno necesita de contrapesos para que pueda ser efectivo en una democracia. Cualquier decisión al margen de la ley que el poder ejecutivo tome, debe ser detenida por un poder judicial que actúe en estricto apego a sus funciones. A raíz de eso, es posible entender cómo estos contrapesos evitan los excesos y las derivas autoritarias. Para eso están los poderes públicos.

Cuando estos contrapesos se subvierten, la democracia queda muy malherida y comienza su proceso de extinción, hasta la consolidación de una dictadura, donde seguramente habrá poderes públicos de forma nominal, pero en la práctica todos estarán controlados desde el poder ejecutivo.

Para recuperar la democracia en los países donde ya no existe, se suele necesitar voluntad política desde quien ostenta el poder en reconstruir los poderes públicos necesarios para su sobrevivencia, con la debida independencia y rectitud.

Aunque con orígenes en la democracia ateniense y luego a través de tímidas aplicaciones en la República romana, los poderes públicos modernos tuvieron su origen en el desarrollo gradual del parlamentarismo en Gran Bretaña y luego, en las revoluciones estadounidense y francesa. A partir de ahí, se estableció con claridad una división entre tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

Han pasado los años y eso se mantiene, aunque en algunos países han pretendido innovar, sin mucho éxito.

Poderes tradicionales y su evolución

El control del monarca por parte de un parlamento tiene su origen en Gran Bretaña desde el Medioevo. Pero no fue hasta la consolidación de la revolución en Estados Unidos, que dio origen a su independencia, cuando la separación tuvo una de sus principales innovaciones; la separación estricta del poder ejecutivo del legislativo y una visión federalista del legislativo, con la creación de una cámara de representación popular y otra de representación territorial.

Además, a cada poder público le fueron asignadas funciones específicas, por lo que cada uno puede ejercer su poder y así, forzar consensos.

Innovaciones poco efectivas

Todo eso representó un antes y después en la separación de poderes, pero hoy es visto como tradicional. Países como Venezuela crearon dos poderes públicos adicionales: el Ciudadano, donde agruparon al Contralor, Fiscal y Defensor del Pueblo, y el Electoral, compuesto únicamente por el órgano que convoca y organiza elecciones.

A pesar de esto, los nuevos poderes siguen dependiendo de una designación parlamentaria y su creación no impidió que Venezuela se transformara en un régimen autocrático. Otros países como Bolivia han intentado innovar con elecciones directas para el poder judicial, pero el desconocimiento de la población y el control partidista las han hecho fracasar, al triunfar el voto nulo.

El estado de derecho implica el cumplimiento de las leyes por parte de todas las personas e instituciones, independientemente de si son públicas o privadas. De esta forma, se hace necesaria la integración de las sociedades para el cumplimiento de todas las normas.

Razones cognitivas

Tenemos la capacidad de comprender los conceptos básicos de la ley, de la misma forma que podemos entender cuáles son las normas que nos rigen aún en nuestra cotidianidad. De no ser esto así, no podría concebirse, ni por error, la posibilidad de respetar la ley. Incluso, se hace presente la obligación de entender las leyes por la falta de igualdad e imparcialidad.

Es por esta razón que surge una necesidad básica que impera en las sociedades y se basa en comprender las normas cotidianas de su propio grupo.

Razones instrumentales

Nuestra capacidad innata de pensar instrumentalmente hace que seamos capaces de ver los beneficios y riesgos que obtenemos de la ley. De no cumplirse podría violentarse nuestro derecho a la libertad e incluso nuestra integridad. Todo esto sin dejar de lado, también, la intervención del miedo a las represalias o las consecuencias de no respetar las leyes.

La desigualdad que viven las sociedades en el ámbito económico y social representa uno de los mayores problemas para resguardar él estado de derecho en todo momento. El hecho de que se formen grupos polarizados como resultado de claras desventajas de carácter socioeconómico refleja el desgaste de la autoridad.

Sociedades jerárquicas

La clasificación de las sociedades por estatus expresan una clara discriminación, dado que, los que son marginados dejan de percibirse como individuos con valor, olvidando así que ante la ley no debe hacerse distinción alguna en las personas. Por lo tanto, las leyes que construyen el Estado de derecho deben también plantearse como un medio de pacificación social

Control social

La reproducción de estándares sociales hace que el Estado privilegie a aquellos que son visibles por privilegios, mientras que, con las demás clases, suelen ser arbitrarios. De igual manera, la distribución de recursos e incluso de trabajo se hace de forma desproporcionada, dejando así claro que los mecanismos de control social se han trastocado por los intereses de quienes tienen más poder en las sociedades.

Esta situación hace que no haya una razón clara o un atractivo para que los grupos ya polarizados cumplan las leyes; unos ya se ven beneficiados y otros han sido excluidos.